El 1 de septiembre, Estados Unidos presentó una Statement of Interest en el litigio consolidado sobre derechos de autor de OpenAI en el Distrito Sur de Nueva York, diciendo al tribunal que “tiene un fuerte interés en que este Tribunal rechace cualquier argumento de que entrenar LLM con textos protegidos por derechos de autor viola la ley de copyright”. El escrito, de 20 páginas, está registrado en 25-md-3143, Doc. 1682 y se presentó ese mismo día de forma cruzada en unos veinte casos miembros, entre ellos las acciones de The New York Times, Authors Guild, Daily News y Ziff Davis.

Quién lo firmó y con qué autoridad

Lo firman el fiscal general adjunto asociado Stanley E. Woodward, Jr. y el fiscal general adjunto de la División Civil Brett Shumate. El vehículo es 28 U.S.C. § 517, que el propio escrito señala que “no contiene límite temporal y no requiere la autorización del Tribunal”. El Gobierno fundamenta su posición en las órdenes ejecutivas de 23 de enero de 2025 y 2 de junio de 2026, y en el Marco Nacional de Política para la Inteligencia Artificial de marzo de 2026.

Qué falla en el encuadre habitual

Esto no significa que el Gobierno se una al caso, y tampoco es una moción. Una declaración del § 517 no tiene peso procesal más allá de su capacidad de persuasión; el juez Stein puede ignorarla por completo, y ninguna de las partes está obligada a responder. Tampoco defiende al sector en general. El escrito separa adquisición, entrenamiento y generación en tres etapas y afirma expresamente que Estados Unidos “se centra en la cuestión de si el uso de obras protegidas por derechos de autor en la etapa de entrenamiento… constituye uso legítimo”. Eso deja intacto el terreno sobre el que sobrevivieron las reclamaciones por piratería de Bartz y dieron lugar a un acuerdo de 1.500 millones de dólares, y no dice nada sobre salidas infractoras.

El argumento económico va en la otra dirección

El escrito sostiene que un requisito de licencia afianzaría a los incumbentes, no los frenaría: “solo las mayores empresas tecnológicas podrían tener el capital necesario para pagar tasas de licencia”, lo que produciría “un oligopolio en el entrenamiento de LLM” cuyas tasas “beneficiarían de forma desproporcionada a los medios de comunicación tradicionales”. Una nota al pie, además, adopta ninguna posición sobre si un régimen de licencias sería viable desde el punto de vista financiero o logístico, y otra descarta cualquier insinuación de que la conducta estuviera autorizada en beneficio del Gobierno al amparo del § 1498.

Una crítica dirigida a otra sala

El pasaje más duro se refiere a Kadrey v. Meta Platforms. El Departamento de Justicia escribe que, “sin contar con la ventaja de los escritos de las partes”, el tribunal de Kadrey adoptó una teoría de “sustitución indirecta” de “dilución del mercado” y “no citó ningún caso que respaldara esa teoría”. Es el Poder Ejecutivo criticando por escrito, en un expediente, el razonamiento de un juez de distrito en activo en un caso paralelo, y eso es precisamente lo que los tribunales de apelación tendrán en cuenta.