Con la legislación federal sobre IA paralizada, un estado se ha adelantado en la seguridad de los modelos de frontera. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó la Artificial Intelligence Safety Measures Act —la SB 315— el 6 de julio de 2026, convirtiéndola en la primera ley de EE. UU. que obliga a auditorías independientes de seguridad por parte de terceros para los mayores modelos de IA.
What it requires
La ley obliga a los desarrolladores cubiertos a someterse a auditorías anuales independientes de terceros de sus prácticas de seguridad —una primicia en cualquier ley estatal sobre IA—, a publicar y actualizar cada año un plan para abordar los riesgos catastróficos derivados de sus modelos, a informar incidentes críticos de seguridad y a presentar resúmenes periódicos de las evaluaciones internas de riesgos para uso interno.
Who it covers
Las obligaciones recaen sobre los "large frontier developers", definidos como desarrolladores de frontera con más de $500 million en ingresos brutos anuales. Ese umbral sitúa la ley de lleno sobre los mayores laboratorios —entre ellos OpenAI, Google, Anthropic, Meta y SpaceXAI de Musk—, al tiempo que exime a las startups y a los desarrolladores más pequeños.
Teeth and limits
La SB 315 añade protecciones para denunciantes y canales internos de reporte para los empleados cubiertos, y establece sanciones civiles por incumplimiento, aunque deja expresamente claro que no crea un derecho privado de acción. Entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
The federalism play
La medida recuerda la batalla de California por la SB 1047 y refleja cómo los estados están ocupando un vacío federal: sus impulsores la presentan como la ley de IA más protectora del país. También invierte el enfoque de Washington: donde el marco federal para modelos de frontera es voluntario y sus criterios están clasificados, Illinois ha incorporado a la ley obligaciones vinculantes y auditables. La gran incógnita es si otros estados la copiarán, generando el mosaico de 50 estados que teme la industria, y si después seguirá un intento de preempción federal.