La organización alemana de derechos digitales HateAid presentó el 12 de agosto una denuncia penal por las gafas inteligentes con IA de Meta — y no se detuvo en el fabricante.

A quién señala

La denuncia apunta a la dirección de Meta Platforms Technologies Ireland, a las marcas de gafas Ray-Ban y Oakley, y a cuatro minoristas: Fielmann, Apollo-Optik, Mister Spex y MediaMarkt. Nombrar a las tiendas es la parte más agresiva: convierte una disputa sobre un producto en una cuestión sobre si su venta es legal.

La teoría jurídica

HateAid se basa en la Telecommunications-Digital Services Data Protection Act (TDDDG) de Alemania, que prohíbe fabricar y vender dispositivos de comunicación disfrazados de objetos cotidianos que puedan grabar imágenes o conversaciones privadas sin consentimiento. Los responsables se enfrentan a hasta dos años de prisión o una multa. El dispositivo en cuestión es el Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2.

Los hechos de apoyo citados

HateAid señala accesorios de terceros que ocultan el LED de grabación, código de reconocimiento facial inactivo hallado en la app complementaria y posteriormente eliminado, y la revisión por contratistas de vídeos de usuarios. La respuesta de Meta: las gafas están "desarrolladas con protecciones de privacidad desde cero que van más allá de lo que ofrece cualquier smartphone".

Lo que no ha ocurrido

Se trata de una denuncia de una ONG, no de una acusación. La fiscalía alemana debe decidir si abre diligencias, y ningún tribunal ha resuelto nada. Una denuncia de este tipo puede quedar sin que se tome ninguna medida.

Por qué el enfoque es inusual

La mayoría de las acciones sobre privacidad contra los dispositivos ponibles se tramitan bajo la legislación de protección de datos y acaban en multas. Llevar esto por una norma penal sobre dispositivos de grabación disfrazados desplaza la cuestión de cómo se gestionan los datos a si puede venderse en absoluto una cámara que parece unas gafas, un problema mucho más difícil de resolver para el producto.